Durante la última década la entrada de capital estadounidense en el Banco Santander ha sido constante y creciente. Actualmente, siete grupos financieros de origen norteamericano poseen cerca del 50% de las acciones. Emilio Botín continúa al frente del Consejo de Administración del banco, pero ahora es más bien un testaferro de los intereses de estas grandes corporaciones.

En el momento actual, siete grupos financieros de origen estadounidense controlan el 45,3% de los títulos del banco: Chase Nominees Ltd. (12,51%) [1], State Street Bank (9,60) [2], EC Nominees (6,91%) [3], The Bank of New York Mellon (5,57%) [4], Capital Research and Management Company (4,87%) [5], Blackrock Investment (4,78%) [6] y Fidelity Internacional (1,06%) [7]. También hay grupos europeos con participaciones significativas, como BNP Paribas (3,18%) y Credit Suisse (2,87). El resto de los accionistas está muy disperso para tomarlos en consideración y el sindicado de acciones de la familia Botín apenas llega a un exiguo 1,7% del total de los valores del banco.

Estos grupos han ido aumentando su participación de forma gradual desde principios de siglo. Sin embargo, en los últimos meses de 2010 se produjeron una serie de movimientos dignos de resaltar. Salvo EC Nominees, que reducía su participación en un 3% del total de las acciones del banco, el resto de los grupos estadounidenses aumentaban sus activos de forma significativa hasta alcanzar un volumen de concentración accionarial nunca conocido en el banco. Por ejemplo, Chase Nominees crecía un 7% en términos globales y State Street Bank incrementaba en un 4,6% su volumen de títulos sobre el total de valores del banco.

Bancos custodios

Chase Nominees, EC Nominees y State Street Bank son bancos custodios o depositarios, es decir, instituciones financieras que se ocupan de proteger y custodiar los activos de un grupo de accionistas o inversores. Estos activos pueden ser acciones, bonos, metales preciosos o divisas. En el caso de las acciones y participaciones, las gestoras que administran las acciones depositadas en estas entidades pueden tener mandatos de sus inversores para acometer determinadas operaciones de gran alcance. Al manejar grandes capitales, pueden provocar alteraciones significativas en el precio de las acciones de forma directa.

Estas entidades financieras, por tanto, no son las propietarias de las acciones sino sólo las depositarias –aunque también suelen ocuparse de su gestión mediante las gestoras de estos activos– [8]. Normalmente, ninguna de estas entidades se sienta en el Consejo de Administración del Banco Santander ni suele acudir a las Juntas de Accionistas –aunque suelen ser habituales las delegaciones de voto–. Pero esto no quiere decir que no tengan influencia en la política del banco, más bien todo lo contrario. La única diferencia con otros fondos de inversión es que, en este caso, se guarda totalmente el anonimato.

Los clientes de los bancos depositarios son grandes fondos de inversión de origen estadounidense. Las denominaciones de estos fondos y las identidades de los clientes se encuentran ocultas debido a la permisiva normativa española. El Real Decreto 377/1991 sobre Comunicación de Participaciones significativas en Sociedades Cotizadas establece que cada inversor o cliente individual sólo debe comunicar su identidad cuando posee de forma directa o indirecta el 5% o más de una sociedad cotizada. Como la mayoría de los grupos financieros o bancos custodios funcionan en bloque –más allá del uso de las participaciones cruzadas o circulares–, resulta muy difícil o imposible conocer qué inversores forman parte de estas entidades.

En el caso de Chase Nominees, su subcustodio en España –el propio Banco Santander y su presidente, Emilio Botín– es el responsable de comunicar las alteraciones significativas en el accionariado del banco custodio.

‘Los jefes de todo esto’

La mayoría de estos grupos tienen también grandes inversiones en la mayor parte de las grandes empresas y bancos españoles. Por ejemplo, Chase Nominees –filial de JP Morgan– posee acciones en 14 empresas del Ibex 35 (Índice bursátil español). Concretamente participa como uno de los principales accionistas en BBVA, Endesa, Telefónica, Iberdrola, Indra, Repsol, Gas Natural o Inditex. La diferencia entre, por ejemplo, los Amancio Ortega (Inditex), Florentino Pérez (ACS) o Isaac Andic (Mango) y los inversores de Chase Nominees, Fidelity, EC Nominees o State Street Bank, es que de estos últimos no conocemos casi nada. Estos grupos, por otro lado, manejan capitales que se acercan o sobrepasan el PIB español –1,1 billones de euros –, lo que da idea del poder y la influencia que pueden tener, independientemente de sus participaciones en empresas españolas.

Todo ello podría servir de base para explicar en parte los motivos del ataque a los salarios, al empleo y al consumo por parte de las instituciones políticas y, sobre todo, de las grandes corporaciones. Es lógico pensar que grupos como JP Morgan o Capital Group analicen la crisis en un contexto global, no local, y sus intereses y los beneficios que persiguen no dependan, por ejemplo, de una mejora en el empleo y consumo, sino del pago de la deuda y de los rescates bancarios.

Los “PIGS” y JP Morgan

El acrónimo “PIGS” ha sido utilizado por analistas financieros para designar a los países europeos (Portugal, Irlanda, Grecia y España) que más han sufrido los efectos de la crisis económica. Casualmente, la mega corporación JP Morgan & Chase tiene grandes intereses financieros en los cuatro “pigs”.

En febrero de 2010, el periódico The New York Times publicaba las prácticas llevadas a cabo durante cerca de una década por Goldman Sachs y JP Morgan en Grecia para ocultar su déficit fiscal. Estos dos grupos financieros ganaron miles de millones de euros mediante operaciones con derivados financieros vinculados a los valores de deuda y déficit público del Estado griego. Por ello, no es de extrañar que, en esas mismas fechas, estallara una bomba en una de las oficinas de la JP Morgan en Atenas. A pesar de todo ello, el rescate a Grecia de 2010 tuvo como principal defensor al jefe económico para Europa de JP Morgan, David Mackie.

JP Morgan Chase Bank, una de las filiales del grupo, opera desde sus oficinas de Atenas, Dublín o Lisboa para imponer en Europa las políticas que más benefician a sus intereses. De hecho, los informes de sus técnicos o las intervenciones públicas de su presidente, Jamie Dimon, son seguidos a pies juntillas por la mayoría de los Gobiernos europeos y por la propia UE. JP Morgan hace política de forma directa, apoyando medidas extremas para reducir el déficit público y para incrementar las ayudas a la banca o propiciar los rescates a las entidades financieras y las reestructuraciones bancarias que sirven a sus propósitos de concentración capitalista. En Grecia, Irlanda y Portugal lo ha hecho de forma notoria, en España es más sutil y deja que sus aliados españoles (BBVA, Banco Santander, PP y PSOE) se ocupen del trabajo sucio. Pero lo realmente paradójico es que, a pesar de la situación de estos países, la JP Morgan haya aumentado considerablemente su inversión en dichos Estados. O, quizás, lo ha hecho precisamente por ello. Por ejemplo, en enero de 2011 la revista Bloomberg publicaba que iba a extender su red de bancos custodios y subcustodios por Irlanda, país intervenido recientemente por la UE y el FMI.

En noviembre de 2010, Robert Michele, responsable de JP Morgan Asset Management, dijo: “El problema no es ni Irlanda ni Portugal, sino España. Si para Irlanda se consideraban ayudas en torno a los 100.000 millones, España necesitaría un billón de euros. Al final sería necesario algún esfuerzo coordinado a nivel global que incluiría a la UE, el FMI, Estados Unidos y China para poner el dinero necesario”.

ENTRAMADO FINANCIERO Y NORMATIVA

RED FINANCIERA

El funcionamiento del sistema capitalista y la permisividad legal provocan situaciones grotescas, al margen de sus implicaciones éticas. Santander Asset Management, Banif Banca Privada, Banif Inmobiliaria, Banco Banif, Banif Gestión, Banesto, Banesto Banca Privada, Santander Investment, Cantabria de Inversiones, Santander Real State … y así una inmensa lista de cientos de sociedades instrumentales y filiales constituyen la enorme red financiera del Banco Santander. Al analizar someramente algunas de estas sociedades se puede vislumbrar algo extraño en los porcentajes de los accionistas mayoritarios. Por ejemplo, hay entidades –la mayoría de las nombradas– cuyo mayor accionista es una empresa que tiene de inversor principal a otra sociedad cuyo mayor accionista es otra empresa en donde tiene participaciones importantes la primera. ¿Cómo es posible?: los caminos de la banca son inescrutables. Pero, ¿es todo esto legal?

PARTICIPACIONES RECÍPROCAS

El mecanismo de participaciones recíprocas puede ser tan sofisticado y complejo que blinda a las empresas ante cualquier tipo de investigación contable. Este sistema propicia, por tanto, los trasvases de capital, y permite falsear la verdadera situación patrimonial de una corporación con el objetivo de cuadrar los balances.

En teoría, el sistema de participaciones recíprocas está prohibido por ley desde el límite del 10% del capital de las sociedades participadas. Desde septiembre de 2010, la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010) regula este tipo de cuestiones –hasta esa fecha venía contenida en la derogada Ley de Sociedades Anónimas–.

En dicha normativa, la prohibición se establece tanto para las participaciones que se producen de forma directa (participaciones cruzadas), como en relación con las que se realizan mediante sociedades filiales (participaciones circulares). Sin embargo, el artículo 154 excluye del régimen de la prohibición a las participaciones recíprocas establecidas entre una sociedad filial y su sociedad dominante. Es decir, la mayoría de los casos.

AUTOCARTERA

La normativa permite también la auto compra de las acciones por parte de una empresa, ya sea de forma directa o indirecta –a través de sus filiales –. Aunque la autocartera nunca puede superar el 10% del capital suscrito de la sociedad cotizada (5% hasta 2009), el uso de filiales –que pueden encontrarse domiciliadas en otros Estados e incluso en paraísos fiscales– garantiza la opacidad de este tipo de operaciones. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco Santander tenía en marzo de 2011 una autocartera del 0,324% de las acciones (sobre los 250 millones de euros).

Artículo íntegro en http://www.diagonalperiodico.net/cantabria/spip.php?article562

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